El problema no es que calles, sino cómo te callan…
Se dice que todo ciudadano tiene derecho de INFORMAR Y DE SER INFORMADO. En Colombia por ejemplo, se tiene entendido que la LEY 51 de 1973 FAVORECE AL PERIODISTA. Y más aún, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, promueve y fomenta el respeto por los derechos tales como, la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de expresión…
Pero en Venezuela la fiscal general Luisa Ortega Díaz consideró necesario “poner límites a la libertad de expresión”, presentando ante el Parlamento venezolano la LEY DE DELITOS MEDIÁTICOS. Ordenanza que este martes 4 de agosto la Comisión de Medios comenzará a analizar. La cual en resumen permitirá sancionar con penas entre seis meses y cuatro años de cárcel a quienes divulguen informaciones que atente contra el gobierno o éste considere que atropellan “la estabilidad de las instituciones del Estado”, “la paz social, la seguridad e independencia de la nación”, la “salud mental o moral pública”…
¿Será acaso que el informar que Venezuela ha iniciado una carrera armamentista, que ha financiado las campañas políticas de Ecuador y Bolivia y que no se aclararan los nexos con la guerrilla colombiana, pondrá en riesgo la seguridad de la nación venezolana?
Una orden gubernamental que al paso que va acallara la voz del ciudadano de calle, pues convertirá a dicho habitante en un ser pasivo, que no podrá expresarse libremente como lo establece la Constitución Nacional. Puesto que, lo que Hugo chaves quiere es CONSOLIDAR UNA SOLA VOZ, eliminándole al venezolano el derecho a recibir una información oportuna, veraz e imparcial. En otras palabras, un control absoluto del pueblo venezolano, ya que nadie podrá emitir o expresar alguna critica contra mencionado gobierno.
Cabe resaltar, que ante este atropello contra de libertad de expresión, uno de los Principios Éticos de la Comunicación Social – Periodismo es el Secreto Profesional el cual se considera como UN DERECHO DEL PERIODISTA. Pues este tiene el compromiso de no revelar la fuente bajo ninguna circunstancia cuando se recibe la información confiable con la condición de mantener el anonimato. Pero esta ley “bolivariana” elimina el SECRETO DE LA FUENTE debido a que obliga al responsable del medio a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico, publicado bajo seudónimo o en forma anónima cuando lo requiera el Ministerio Público.
De esta manera, haciendo un breve análisis de la situación de los medios de comunicación en el vecino país, “vale la pena” cerrar con las palabras de la ministra para la Comunicación e Información de Venezuela, Blanca Eekhout, quien indicó que era necesario regular el poder de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Al tiempo que señaló que se deben sancionar aquellos medios que incurran en promocionar la violencia y la guerra.
¡La violencia y La guerra!Por lo queda decir que el trabajo periodístico de contribuir al ESCLARECIMIENTO de hechos que afecten directa o indirectamente a la comunidad, para de esta forma viabilizar soluciones, queda reducido al mando del comandante Chaves Frías, quien con rodeos y de forma anti-diplomática, por ejemplo, no ha dado EXPLICACIONES claras de la venta de armamento por parte de su subordinados a las FARC, Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia. ¿Acaso eso no es promocionar la violencia y La guerra?
Jhon Mueses Llanos
Se dice que todo ciudadano tiene derecho de INFORMAR Y DE SER INFORMADO. En Colombia por ejemplo, se tiene entendido que la LEY 51 de 1973 FAVORECE AL PERIODISTA. Y más aún, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, promueve y fomenta el respeto por los derechos tales como, la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de expresión…
Pero en Venezuela la fiscal general Luisa Ortega Díaz consideró necesario “poner límites a la libertad de expresión”, presentando ante el Parlamento venezolano la LEY DE DELITOS MEDIÁTICOS. Ordenanza que este martes 4 de agosto la Comisión de Medios comenzará a analizar. La cual en resumen permitirá sancionar con penas entre seis meses y cuatro años de cárcel a quienes divulguen informaciones que atente contra el gobierno o éste considere que atropellan “la estabilidad de las instituciones del Estado”, “la paz social, la seguridad e independencia de la nación”, la “salud mental o moral pública”…
¿Será acaso que el informar que Venezuela ha iniciado una carrera armamentista, que ha financiado las campañas políticas de Ecuador y Bolivia y que no se aclararan los nexos con la guerrilla colombiana, pondrá en riesgo la seguridad de la nación venezolana?
Una orden gubernamental que al paso que va acallara la voz del ciudadano de calle, pues convertirá a dicho habitante en un ser pasivo, que no podrá expresarse libremente como lo establece la Constitución Nacional. Puesto que, lo que Hugo chaves quiere es CONSOLIDAR UNA SOLA VOZ, eliminándole al venezolano el derecho a recibir una información oportuna, veraz e imparcial. En otras palabras, un control absoluto del pueblo venezolano, ya que nadie podrá emitir o expresar alguna critica contra mencionado gobierno.
Cabe resaltar, que ante este atropello contra de libertad de expresión, uno de los Principios Éticos de la Comunicación Social – Periodismo es el Secreto Profesional el cual se considera como UN DERECHO DEL PERIODISTA. Pues este tiene el compromiso de no revelar la fuente bajo ninguna circunstancia cuando se recibe la información confiable con la condición de mantener el anonimato. Pero esta ley “bolivariana” elimina el SECRETO DE LA FUENTE debido a que obliga al responsable del medio a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico, publicado bajo seudónimo o en forma anónima cuando lo requiera el Ministerio Público.
De esta manera, haciendo un breve análisis de la situación de los medios de comunicación en el vecino país, “vale la pena” cerrar con las palabras de la ministra para la Comunicación e Información de Venezuela, Blanca Eekhout, quien indicó que era necesario regular el poder de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Al tiempo que señaló que se deben sancionar aquellos medios que incurran en promocionar la violencia y la guerra.
¡La violencia y La guerra!Por lo queda decir que el trabajo periodístico de contribuir al ESCLARECIMIENTO de hechos que afecten directa o indirectamente a la comunidad, para de esta forma viabilizar soluciones, queda reducido al mando del comandante Chaves Frías, quien con rodeos y de forma anti-diplomática, por ejemplo, no ha dado EXPLICACIONES claras de la venta de armamento por parte de su subordinados a las FARC, Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia. ¿Acaso eso no es promocionar la violencia y La guerra?
Jhon Mueses Llanos
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